Al comienzo de esta legislatura municipal conviene referirse de nuevo a ese importante tema de debate, ya comentado en otras ocasiones, puesto que el Ayuntamiento es el organismo del Estado más próximo a la población local (aunque en cierto modo funcione como una empresa) y debe ser gestionado adecuadamente conforme a las premisas que rigen en las instituciones públicas, dejando a un lado las cuestiones meramente partidarias y las simples diferencias personales a la hora de tratar algunos asuntos en el municipio, donde debería prevalecer una actitud realmente democrática con las ideas y las opiniones de sus vecinos. Porque la libertad de expresión es uno de los principales derechos civiles recogidos en la Constitución española, que también ha de ser el marco de referencia en el ámbito municipal.
Y la función de los vecinos respecto a las decisiones que se tomen en el Consistorio no tiene por qué limitarse a pasar por las urnas cada cuatro años, con el sistema electoral que sigue habiendo para los comicios locales, en los que todavía no hay listas abiertas para poder elegir a personas en concreto como representantes municipales (algo que ya se viene reivindicando desde hace bastante tiempo y que supondría una mejora muy significativa del sistema).
Por lo tanto, que alguien exprese su parecer, de manera razonada, sobre ciertos asuntos que le interesen o le puedan concernir de forma directa, debería ser asumido como corresponde por los regidores del Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, pues se trata de ejercer ese derecho constitucional que nos asiste en democracia a los ciudadanos.
J. BARRIOS
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