Por Teresa González Lozano
Estos días ha saltado a la prensa la noticia de la lucha que, durante más de 13 años, han mantenido las familias de las víctimas del Yakovlev 42 por esclarecer la verdad de lo que pasó aquella fatídica noche de mayo de 2003 en los montes de Turquía, en la que perdieron la vida 62 soldados españoles cuando volvían de cumplir la misión encomendada por el Gobierno español, en respuesta al compromiso adquirido con Naciones Unidas en la guerra de Afganistán.
Los soldados salieron de Kabul (Afganistán) y de Manás (Kirguistán), donde habrían participado en misiones peligrosísimas, en la guerra que desde el año 2001 asola el país y que ha tenido consecuencias desastrosas para los restantes países de la zona, y ha originado cuantiosas pérdidas de vidas humanas en los distintos puntos del planeta.
En cuanto a los soldados españoles: Mucho se habló entonces de las incongruencias y errores que rodearon al accidente: se habló de que los aviones que hacían estos viajes no reunían las condiciones mínimas de seguridad y se habló de que, este viaje en concreto, estuvo rodeado de una serie de imponderables que le hicieron especialmente inseguro, inseguridad que los pasajeros percibieron y así se lo fueron transmitiendo a sus familiares, a través del teléfono móvil. Una vez producido el accidente, no se dejó de hablar de las anomalías que rodearon a la recogida de restos y a la identificación de los cadáveres. Se habló de la prisa que el Gobierno español tuvo para celebrar el funeral, tanta prisa que sólo fueron identificados treinta y dos cadáveres y de ellos sólo cinco fueron identificados correctamente (ironías de la vida, esas cinco identificaciones se realizaron en Turquía). En una segunda autopsia se comprobó que en el mismo ataúd había restos de hasta tres personas distintas.
Las reclamaciones de los familiares fueron desoídas por el Gobierno y éstos quedaron solos entre el dolor y la impotencia. Las noticias, que tienen fecha de caducidad, pronto les silenciaron ante la opinión pública. Por supuesto, las familias no cejaron en su lucha por esclarecer la verdad y parece ser que, en los distintos encuentros con miembros responsables del Ministerio de Defensa, era frecuente recibir amenazas y humillaciones. Desde luego que hubo juicios, hasta cinco sentencias; todas eximieron de responsabilidad a dicho Ministerio.
Ahora, ante un informe del Consejo de Estado, en que responsabiliza al Ministerio de Defensa por no inspeccionar adecuadamente el estado del avión, manifestando: " El Gobierno tuvo indicios del riesgo de estos viajes y no actuó…", el tema salta a la opinión pública con la contundencia que hemos visto. En las entrevistas y preguntas formuladas a Rajoy y a otros miembros del Gobierno, mostraban estupor y extrañeza: “¿Por qué ahora se pronuncia el Consejo de Estado?”
Nos hemos enterado también de que los responsables del Ministerio de Defensa en esos momentos, Federico Trillo, ministro de Defensa, y Francisco Javier Jiménez Ugarte, secretario general de Política de Defensa, salieron indemnes de responsabilidades, ni siquiera tuvieron responsabilidad política alguna. Como en otros casos escandalosos de corrupción o de irregularidades, nadie ha tenido que dimitir por responsabilidad política y nos enteramos de que ambos, cuando salieron del gobierno, fueron premiados con sendas embajadas: Trillo ocupó la embajada de Londres y Jiménez Ugarte ocupó la de Suecia, probablemente como premio a su trabajo bien hecho al servicio de los españoles.
Cuando los familiares de las víctimas manifiestan su indignación por este premio, piden su dimisión y vuelven a quejarse de los chanchullos, ocultación de datos y mala gestión que rodeó a la tragedia. Federico Trillo ¡saca pecho! y sale diciendo: "Nadie me cesa, soy yo el que había pedido volver a España y ocupar mi cargo en el Consejo de Estado".
Es una de las actitudes chulescas a las que nos tiene acostumbrados Trillo y el PP ante los sucesivos escándalos de diversa índole que se han ido descubriendo de unos años a esta parte. Señores: En España nadie dimite por responsabilidad política derivada de lo que pasa en su parcela de gestión. Por prevaricar, por mentir, por gestión irregular o por aprovecharse del cargo. Me dirán que es el mal de todos los partidos y diré que sí. El ser humano tiene esa debilidad. Ya se dijo hace tiempo: "El poder corrompe". Pero acusemos en cada caso y cuando toque a los culpables en concreto. No nos escudemos en esta afirmación para renunciar a la obligación de exigir a los políticos un comportamiento ético y ajustado a la Ley que rige a todos los ciudadanos. De un tiempo a esta parte y querámoslo o no, el PP parece caracterizarse por "el todo vale".
Volviendo al caso que nos ocupa, El Yak 42, cabe solidarizarse con los familiares de las víctimas, que durante tantos años tuvieron la fortaleza de seguir luchando por el esclarecimiento de la verdad en la muerte de sus seres queridos.
Por último, plantearnos de una vez y con seriedad a qué tipo de Democracia pertenecen estas actitudes chulescas en los políticos, parece más propia de un país bananero que de un país serio y maduro, que aspira a ocupar un lugar entre los pueblos respetados, dentro del concierto mundial. Señores, no miremos para otro lado. Nosotros somos los votantes y una vez emitido el voto no acaba nuestra tarea de ciudadanos. Tenemos la obligación de ejercer un control más firme sobre la gestión de los gobernantes. Acostumbrarnos a pedir explicaciones y a exigir ante los órganos competentes. No se puede consentir que siga en su puesto el político que mienta, amenace o menosprecie a los ciudadanos. Es necesario que existan organizaciones que estén atentas a estas gestiones.
La Democracia se gana cada día entre los ciudadanos o no existe. Con mi amigo Jesús Barrios opino que, entre nosotros, esta asignatura aún está pendiente.
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