En una sentencia judicial de la que hace unos meses se hicieron eco los medios de comunicación se decía textualmente que “la libertad de expresión es la piedra angular de los principios de la democracia”. Lo cual significa para el ciudadano de a pie que en un sistema como el nuestro las ideas de cada cual deben ser respetadas o tomadas en consideración por los representantes de las instituciones públicas, sobre todo si son razonables y se exponen adecuadamente, discrepando en su caso de algunas decisiones políticas o administrativas.
Por lo tanto, que alguien exprese su parecer de forma razonada sobre cualquier asunto que le interese o le pueda afectar directamente, debería ser asumido como corresponde –y no como a veces ocurre- en el actual marco constitucional, puesto que consiste en ejercer debidamente uno de los derechos fundamentales reconocidos en esa Carta Magna, que dentro de unos días se festeja en la nación.
Ni que decir tiene que esto también hay que tenerlo en cuenta en la gestión diaria de los ayuntamientos, que son las entidades públicas más cercanas a la población y tienen a su cargo importantes competencias locales.
J. Barrios.
J. Barrios.
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