El pasado 31 de enero se celebró por fin en los Juzgados de lo Social el juicio que aún tenía pendiente desde hace bastante tiempo con el Ayuntamiento de Pedrajas, y la abogada que representa a esa parte (la misma de anteriores legislaturas) expuso, entre otras, las siguientes alegaciones en contra de mi legítima demanda por daños y perjuicios:
En primer lugar aseguró que yo empecé a prestar servicios para el Ayuntamiento cuando se me hizo el contrato de fecha 1-8-88, pues en los años anteriores había sido empleado de la Junta de la Biblioteca (!), constituida después de firmarse el concierto para la fundación de este servicio cultural. Nunca hasta ahora he oído decir semejante dislate para tratar de justificar las misérrimas condiciones en las que estuve empleado esos seis años y medio en la Biblioteca Municipal. Y además añadió que yo me presenté a un simple “concurso de méritos” convocado a tal efecto, como fue denominado en el acta del pleno correspondiente donde se formalizó mi nombramiento. Aunque es bien sabido aquí que para cubrir ese puesto de trabajo se efectuó una prueba específica y que el tribunal lo presidía el director del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas.
Por otra parte, insistió en los falaces argumentos ya expresados por escrito en la resolución INADMISIBLE que suscribió finalmente la Junta de Gobierno Local, según los cuales desde el Ayuntamiento nunca se han realizado contra mí actuaciones de hostigamiento o de discriminación laboral, ni tampoco se me han negado derechos que tuviera reconocidos; alegando asimismo que mis problemas de salud no tienen ninguna relación con dicho Ayuntamiento, a pesar de los informes médicos y periciales aportados junto con una extensa documentación, que muestra, con bastante claridad, la situación vejatoria que tuve que aguantar a lo largo de 24 años, en los que se vulneraron, a sabiendas, buena parte de mis derechos laborales, empezando por el de afiliación a la Seguridad Social.
Pero esa letrada, más que defender al Ayuntamiento, parece que pretendía exculpar con sus alegatos a los responsables de tales desafueros, que no dudaron en servirse de su cargo para perjudicar seriamente a un empleado municipal. (Véase la cronología de los hechos más relevantes, que apareció aquí hace ahora un año, y juzgue el lector).
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